La caída de Ismael El Mayo Zambada, capo entre los capos del narco en México, fue celebrada en Estados Unidos como una victoria sin precedentes en la llamada guerra contra las drogas. La DEA, el FBI y el Departamento de Justicia sacaron pecho después de atestar lo que calificaron como un “golpe al corazón” del Cartel de Sinaloa. Del otro lado de la frontera, el entusiasmo ha sido mucho menor. A casi dos semanas de la detención, México no sabe cómo fue que El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, terminaron en un avión para luego ser capturados en El Paso. A las dudas que planean sobre el caso se suman otras interrogantes sobre el mensaje que manda Washington con el arresto, la información que tenía la Casa Blanca antes de concretarlo y la sospecha de una operación extraterritorial. El misterio ha impactado de lleno en la relación bilateral, sumando un nuevo síntoma de la desconfianza que predomina entre las agencias de seguridad de ambos países.
La captura de El Mayo, que no había pisado la cárcel en más de cinco décadas de carrera criminal, fue un tanto que se anotaron las autoridades estadounidenses por separado y sin ayuda de sus socios mexicanos. Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno no fue informado hasta minutos después de que se dio la detención el pasado 25 de julio y ha insistido en que ninguna agencia de México participó en la operación.
Las autoridades mexicanas han solicitado un informe formal a sus contrapartes estadounidenses a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, bajo la consigna de que Washington debe “transparentar todo” y aclarar su actuación en territorio mexicano. La versión oficial es que se trató de una entrega pactada, al menos en el caso de Guzmán López. “El mismo Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación”, afirmó este martes López Obrador. “Eso es lo que nos informaron”.
“Si hubiera sido Trump, sería más normal, pero el Gobierno mexicano había mantenido con Biden una política de cooperación en el capítulo de seguridad con diálogos al más alto nivel que sugería confianza, intercambio de información, trabajo conjunto contra el fentanilo. Todo eso se ha roto unilateralmente”, afirma Pía Taracena, analista internacional de la Universidad Iberoamericana. “Supone un mensaje muy fuerte de Estados Unidos que demuestra una total desconfianza. Es un juego con México, primero dan la zanahoria y ahora viene el palo”.
Para la especialista, el arresto supone un cambio de tono y una señal de que se ha agotado la paciencia en la lucha contra el narcotráfico, un asunto decisivo en la campaña rumbo a las elecciones de noviembre próximo. “El mensaje es de los dos partidos, republicanos y demócratas, uno más agresivo y el otro, menos, pero es el que lo hizo. Trump dijo que si México no arreglaba el patio, ellos lo harían, y ha sido Biden quien lo ha hecho. Los demócratas han visto la veta del fentanilo y le han metido un gol a Trump”, sostiene la académica.
La internacionalista no duda de que las agencias de seguridad estadounidenses tienen margen de sobra para actuar por su cuenta, pero pocos creen que la Casa Blanca no estuviera enterada de la operación contra El Mayo (o de su entrega). “La DEA tiene sus propias venganzas contra los carteles. O entraron o lo sacaron a traición, pero sí tienen las agencias formas de actuar en México”, explica Taracena.
El escenario electoral que vive Estados Unidos es un jugador a tener en cuenta, pero no solo. Las elecciones en aquel lado del río Bravo siempre dejan su oleaje en la otra orilla. A las bravuconadas clásicas de Trump contra los migrantes, los muros y las deportaciones, en esta ocasión se ha sumado un factor clave, el fentanilo, que deja más de 80.000 muertes al año en Estados Unidos, una epidemia de salud pública que todos los candidatos quieren atajar. Y la captura de El Mayo ha colgado esa medalla en la solapa de los demócratas, conseguida de forma rápida y limpia, sin necesidad de disparar una sola bala. El consenso entre los analistas es que el golpe, pese a su peso simbólico y a su rédito político, no tendrá efecto en los flujos de droga, aunque sí sienta un precedente sobre los límites que Washington está dispuesto a cruzar y sobre su actuación en las misiones más delicadas: sin confianza mutua no hay cooperación que valga en materia de seguridad.
Martha Bárcena, quien fue embajadora mexicana en Estados Unidos en el actual sexenio y ahora está en retiro, opina que las fricciones diplomáticas que han terminado con la captura de El Mayo sin informar a México empezaron con la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos en octubre de 2020. La polémica por la exoneración del secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto se agudizó con la promulgación en México de una ley que impuso límites a la actuación de agentes extranjeros en 2021, que llevó al máximo las tensiones con la DEA. “Esa ley lo único que hizo fue entorpecer la cooperación y romper más la confianza entre los dos países”, asegura. Para Bárcena, lo ocurrido ahora demuestra “la total desconfianza de Estados Unidos con México. Y con esa falta de confianza no puede haber cooperación en materia de seguridad”, afirma. En la opinión de Bárcena, México no ha tenido la suficiente prudencia. “Se ha acercado demasiado a la línea roja o ya la han cruzado”, afirma.
El enfrentamiento abierto con la DEA en el caso Cienfuegos se profundizó después de que López Obrador estuviera hace apenas unos meses en el centro de una ola de filtraciones periodísticas sobre supuestos vínculos de su círculo cercano con el crimen organizado. Su Gobierno también ha tenido choques con el Departamento de Estado, al acusarlo de tener “doble moral” y “extender cartas de buena conducta a países y a pueblos independientes y soberanos”. La soberanía de México estuvo en el centro de ambas disputas y se ha afianzado como uno de las principales interrogantes en torno a Zambada, sobre todo después de que su abogado, Frank Pérez, asegurara que durante su supuesto secuestro estuvieran presentes al menos seis hombres con uniformes militares.
Los exabruptos de López Obrador habían sido considerados como mensajes de consumo interno, que no comprometían la cooperación en áreas estratégicas. Había, incluso, la noción de que la Administración de Biden había sido receptiva a las exigencias mexicanas de ser tratados como socios en igualdad de condiciones, un espíritu que se ha materializado, por lo menos en el discurso, en iniciativas como el Entendimiento Bicentenario.
En esta ocasión, López Obrador también ha ajustado el tono y ha optado por una respuesta mucho más contenida. Las autoridades mexicanas han intentado un acto de equilibrismo tras el arresto, en el entendido de que no conviene ventilar los desacuerdos con Estados Unidos dado el contexto político-electoral de ambos países y de que la divulgación de algunos detalles de la detención puede traducirse en una reacción violenta del Cartel de Sinaloa u otros grupos rivales.
Bajo este supuesto, la falta de claridad en la versión oficial de la detención ―y la delegación de la responsabilidad del relato a Washington― ha jugado a su favor, sobre todo de cara a sectores de la población que no ven con buenos ojos una vulneración a la soberanía o una demostración de fuerza desde el otro lado de la frontera. Una de las lecturas es que, de momento, es más importante llevar la fiesta en paz. Pesa también la robusta relación comercial entre ambos países y otros frentes abiertos como la migración, un tema que ha sido ineludible, a favor de una posición más pragmática.
Otra de las interpretaciones sobre cómo se ha conducido el Gobierno mexicano está atravesada por la información que pueda compartir El Mayo, un capo con una extensa influencia política y una vasta red de contactos en las fuerzas de seguridad de México, con las autoridades estadounidenses. El precedente de Genaro García Luna, zar antidrogas de Felipe Calderón condenado por colaborar con el Cartel de Sinaloa, y el del propio Cienfuegos dan cuenta de que las agencias estadounidenses también tienen en la mira el contubernio entre el narco y los políticos mexicanos. “Desde luego, si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían, todo esto va a ayudar mucho y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos”, dijo López Obrador, quien ha descartado que su Gobierno pueda verse dañado por lo que pueda decir el capo.
El presidente ha pedido no caer en especulaciones hasta que Estados Unidos ofrezca un panorama más completo sobre lo sucedido. Entre versiones de una entrega pactada o una traición, el silencio de la Administración de Biden mantiene aún las principales incógnitas. Pese al ruido que ha provocado la captura de Zambada, el clima de la relación bilateral, sobre todo en lo que toca a las áreas más sensibles, dependerá en última instancia del resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y del nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum, que tomará posesión el próximo 1 de octubre. El arresto, sin embargo, ha supuesto un punto de quiebre para los próximos pasos que emprendan ambos países.
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